La gente entre la naturaleza y los conflictos

El planeta nos está enviando señales inequívocas de que la vulnerabilidad humana no conoce fronteras, pero la política y la capacidad institucional marcan la diferencia entre la supervivencia y la desgracia absoluta. Hoy, la humanidad se encuentra atrapada en una doble tenaza: por un lado, la fuerza implacable de una naturaleza en constante transformación y, por el otro, la crueldad de los conflictos armados y las crisis políticas provocadas por el hombre. El destino de los pueblos depende, cada vez más, de la solidez de sus instituciones o de la negligencia criminal de sus gobernantes.

Recientemente, la geografía del dolor se ha ensanchado. El norte de Venezuela sufrió el impacto devastador de un doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, un fenómeno que derrumbó infraestructuras y sepultó las vidas de miles de compatriotas. Apenas semanas después, la tierra volvió a rugir en el vecino Chocó, en Colombia, con un potente sismo de 7,4. Mientras tanto, la furia de los volcanes en Italia y las islas Canarias nos recuerda el fuego latente bajo nuestros pies, y las inundaciones, deslaves, incendios forestales y prolongadas sequías desatan tragedias recurrentes en otros rincones del globo.

Pero la naturaleza no actúa sola en la producción de tragedias. La otra cara de la moneda la ofrecen los conflictos armados; esas guerras fratricidas que siguen latentes y las migraciones forzadas que obedecen a la hambruna o son la consecuencia de esas pugnas religiosas o conflagraciones absurdas. Millones de seres humanos se ven obligados a deambular por el mundo, arriesgando el pellejo en el mar o en selvas inhóspitas, con el único objetivo de ponerse a salvo del hambre, de las cárceles y de las balas.

Ante este sombrío panorama, la respuesta no puede limitarse al esfuerzo aislado de cada nación. El mundo cuenta con un andamiaje global diseñado precisamente para estas horas oscuras, pero los ciudadanos del siglo XXI ya no nos conformamos con la diplomacia contemplativa. Es imperativo exigir una mayor eficacia y resultados tangibles a los organismos internacionales que tienen el deber de socorrer, prevenir y financiar la reconstrucción. Las declaraciones de solidaridad y las profundas “preocupaciones” de los burócratas internacionales ya no salvan vidas ni alimentan bocas.

Exigimos que entes multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) dejen atrás la parálisis retórica y los debates interminables que terminan blindando a los culpables. Necesitamos una arquitectura global que actúe con celeridad frente a las crisis humanitarias y los abusos de poder. Del mismo modo, la Unión Europea (UE) debe profundizar su rol como faro de cooperación y riguroso defensor de los derechos humanos, asegurando que su ayuda humanitaria y sus fondos de cooperación lleguen de manera directa y oportuna a las comunidades vulnerables, sin intermediarios corruptos y con un estricto monitoreo sobre el terreno. En el ámbito del drama migratorio, agencias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) deben superar el mero registro estadístico de la tragedia para liderar políticas de integración reales, ágiles y humanas para los millones de desplazados por el hambre y las guerras.

Esta exigencia de resultados contundentes se extiende con igual fuerza al sector financiero internacional. Las poblaciones atrapadas entre los escombros y el atraso institucional requieren que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reoriente sus análisis de sostenibilidad y sus líneas de financiamiento de emergencia, permitiendo un auxilio macroeconómico rápido y transparente que no asfixie a los pueblos en momentos de calamidad. Asimismo, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF-Banco de Desarrollo de América Latina) deben redefinir de una vez por todas sus criterios de asignación y fiscalización de recursos. No se puede seguir entregando financiamiento a estructuras burocráticas opacas que diluyen el dinero en la corrupción. Los créditos de emergencia y los fondos de desarrollo deben traducirse en hospitales construidos, sistemas de prevención de desastres tecnificados y obras públicas auditables que resistan los embates del clima.

La efectividad de este auxilio global depende, indudablemente, del ecosistema gubernamental que recibe la ayuda. Por un lado, presenciamos la reacción de “gobiernos” que se ven estructuralmente incapaces de salvar vidas, como ha ocurrido en Venezuela. El régimen venezolano, tras años de desmantelar el Estado de derecho, vaciar las arcas públicas y destruir los protocolos de defensa civil, demostró una ineficiencia dolorosa ante el doble sismo del pasado 24 de junio: descoordinación, opacidad en las cifras de fallecidos, lentitud en el rescate de personas atrapadas entre escombros y una preocupante contaminación ambiental derivada del pésimo manejo de los desechos. Es el certificado definitivo de una mala respuesta, donde la ideologización de la ayuda pesa más que el dolor de las familias.

En claro contraste, la inmediatez y el rigor institucional buscan abrirse paso en otras latitudes. En Colombia y Perú, mandatarios recién juramentados comprendieron que el ejercicio del poder exige presencia, resolutividad y respeto a los deberes del cargo. El recién investido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumió su mandato enfrentando de inmediato el terremoto del Chocó, desplegando con rapidez apariciones instantáneas en las zonas afectadas para activar los planes de contingencia estatales y demostrar el cumplimiento estricto de sus funciones de protección en medio de un panorama complejo de orden público. Del mismo modo, en el Perú, la presidenta Keiko Fujimori ha asumido las riendas priorizando la eficiencia burocrática y el combate a la vulnerabilidad climática, estructurando una respuesta ejecutiva y coordinada ante las amenazas que acechan a su población.

Los resultados positivos saltan a la vista cuando en los países involucrados existen instituciones eficientes. Un Estado fuerte no es aquel que todo lo controla mediante el miedo, sino el que posee organismos transparentes, cuerpos de bomberos y rescatistas bien dotados, presupuestos fiscalizados y planes preventivos aplicados con rigor científico. La buena gobernanza se mide en las horas más oscuras. Cuando un gobierno sabe coordinar la ayuda, respeta la dignidad de los damnificados por incendios, deslaves, sequías o guerras, y trabaja con una comunidad internacional que le exige rendición de cuentas, la reconstrucción es posible.

La gente, atrapada entre la naturaleza y los conflictos, no necesita discursos retóricos ni culpables imaginarios. Exige instituciones nacionales que funcionen y organismos internacionales que den resultados palpables. Esa es la frontera que hoy divide a las naciones que salvan a sus ciudadanos de aquellas que, por negligencia o tiranía, los abandonan a su suerte