La Gran Colombia: Un Sueño Diluido por la Realidad

El sueño de la Gran Colombia, forjado en las mentes visionarias de Simón Bolívar y Francisco de Miranda, representaba la aspiración de una América Latina unida, fuerte y próspera. Sus ideales eran la libertad, la soberanía y el desarrollo de naciones libres de las cadenas de la opresión, con economías robustas y sociedades basadas en la justicia y la dignidad. Ellos concebían una expansión económica genuina, fundamentada en el trabajo, la producción y el comercio legítimo, que garantizara el bienestar de sus pueblos y el respeto a la ley.

Hoy, contrastamos esa visión con la cruda realidad de un acuerdo “para administrar conjuntamente una zona de expansión económica” entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Esta iniciativa resulta incomprensible y hasta cínica cuando el contexto de sus naciones revela un alarmante incremento en las hectáreas sembradas con hoja de coca y una producción gigantesca de drogas que inunda los mercados mundiales. ¿De qué expansión económica podemos hablar cuando vastos territorios están tomados por narcoguerrilleros en alianza con los cárteles de la droga?

La expansión económica no puede florecer donde el pánico cunde. Millones de venezolanos huyen de su tierra, y miles de Colombianos son desplazados desde el Catatumbo hacia Cúcuta. ¿Qué confianza pueden tener los inversionistas, los gerentes de empresas transnacionales, para arriesgar grandes capitales en medio de una desbordada inseguridad jurídica e inestabilidad política? La categórica advertencia de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, exigiendo a sus ciudadanos, mediante un alerta categoría cuatro, “no viajar a Venezuela por el riesgo de perder su libertad”, es un claro indicativo de la gravedad de la situación.

El territorio de Venezuela se ha convertido en el “patio trasero” y centro de operaciones del Cártel de Los Soles, además de ser evidente la presencia de actores rusos, cubanos, iraníes y nicaragüenses que controlan áreas estratégicas. En Colombia, 800 municipios son acosados por movimientos que ejercen un control armado parcial o total del territorio por parte de los grupos ilegales, causando un deterioro de la seguridad del país, ya que esas centenares de localidades están sometidas por disidentes de las FARC (Segunda Marquetalia) que mantienen un férreo control en 299 municipios, mientras que el ELN abarca 231 municipios y el Clan del Golfo tiene influencia en 392 municipios. Es inocultable que otras facciones irregulares, como las bandas criminales, gozan de protección por parte de quienes usurpan el poder en Venezuela.

Los padecimientos de la población civil son más que alarmantes. se ha comprobado que esos grupos irregulares utilizan de manera masiva minas antipersona y artefactos explosivos improvisados (explosivos lanzados con drones) que como es de comprender generan zozobra y aterrorizan a las comunidades. Los informes consultados para escribir esta crónica revelan que son, por lo menos, 200 municipios con presencia confirmada de minas antipersona. En 2024, la Cruz Roja reportó 262 víctimas a causa de estos artefactos, civiles fallecidos y mutilados, entre ellos niños y campesinos. Al día de hoy suman 131 víctimas de minas antipersona en el primer trimestre del 2025. Otro drama lo representa el desplazamiento forzoso de 70,000 seres humanos generando una silenciosa crisis humanitaria que suma a 950,000 personas afectadas por los grupos armados en los territorios. No menos preocupante es el reclutamiento de menores.


El Catatumbo, región estratégica de frontera con Venezuela, se ha reafirmado como uno de los focos globales del narcotráfico. Los municipios colombianos de esta región (como Tibú, Sardinata, El Tarra) registran el mayor rendimiento por hectárea de hoja de coca en el país. Se cosechan varias veces al año, con niveles de eficiencia agrícola nunca antes registrados. 

Vale la pena recordar, con cifras verificables, que a partir de la puesta en marcha del Plan Colombia bajo la presidencia de Andres Pastrana (Año 2.000), se reportaba que en el territorio de ese hermano pais se contaban 168.000 hectareas sembradas de coca y una producción de 695 toneladas métricas (TM) de clorhidrato de cocaína. Para el año 2023, las cifras son: 253.000 hectáreas cultivadas de coca y una producción de 2.664 TM de clorhidrato de cocaína. Esto representa un incremento del 67 % en los cultivos y un 74 % en la producción de cocaína con respecto al año 2000. 

Este escenario dista abismalmente del ideal bolivariano de una Gran Colombia próspera y libre. La verdadera expansión económica no puede construirse sobre cimientos de narcotráfico, violencia y la ausencia de Estado de Derecho. El sueño de Bolívar, Miranda y Santander, era de grandeza y progreso, no de un futuro donde la desesperación y la ilegalidad marquen el pulso de nuestras naciones.