Venezuela: sembrar en ruinas

Introducción

En este ensayo me propongo realizar un diagnóstico riguroso de las causas profundas de la catástrofe humanitaria que atraviesa Venezuela. Parto del impacto devastador del populismo en el sector agropecuario, cuyas instalaciones y unidades de producción han sido arrasadas en los últimos 5 lustros. Pero no me detengo en la denuncia: también exploro el potencial de recuperación que aún conserva el país. A pesar del saqueo, sobreviven miles de unidades productivas que podrían ser reactivadas y una legión de mujeres y hombres que se mantienen en pie de lucha en medio de este vendaval. No se trata solo de inventariar los estragos de un autoritarismo rapaz, sino de resaltar las soluciones posibles, los recursos naturales disponibles y el talento humano comprometido con sacar a Venezuela del colapso.

El discurso del culpable ajeno

Siguiendo las enseñanzas castristas, Nicolás Maduro y sus repetidores insisten en culpar a los demás de sus propios fracasos. Es este, por ejemplo, el caso de la escasez de alimentos que castiga a toda la población nacional, con la excepción, por supuesto, de los llamados enchufados, que tienen recursos monetarios y abastecimiento de toda clase de víveres asegurados. Por cierto, este cruento proceso de ausencia y encarecimiento de bienes alimentarios viene ocurriendo desde hace muchos años. Por lo tanto, es absolutamente incierto que esta hambruna sea consecuencia de sequías, o de las pasadas inundaciones —incluidas las que este año 2025 han ahogado varias zonas de Venezuela—, ni de la pandemia del COVID-19, ni por efectos de las sanciones personales impuestas al malandraje que secuestra a nuestro país al mismo tiempo que se dedica a saquear nuestro erario público.

A Nicolás Maduro hay que cantarle sus verdades para impedir que confunda a uno que otro incauto que se deje influir por esas excusas elaboradas en los laboratorios cubanos, expertos en falsificar la realidad para justificar la satrapía sexagenaria impuesta a la fuerza en esa hermana isla..

La Ley de Tierras y el saqueo del campo venezolano

La hambruna viene corriendo como fuerza diabólica desde aquel año 2001 en que Chávez, el impostor, impuso su caprichosa Ley de Tierras. Inolvidables por indignantes aquellas invasiones, pistola en mano, a 47 fincas en plena producción en el Sur del Lago del estado Zulia. Una hacienda emblemática de la zona, La Bolívar, en donde se desarrolló la raza Gertrudis y salía el churrasco Santa Bárbara y el queso Palmizulia, desapareció. Arrasaron con sembradíos de plátanos y con las empresas donde se apuntalaban ganaderías de doble propósito —leche y carne—.

Lo demás se desencadenó como un terremoto que destruyó, en breve plazo, nuestro sistema agrícola y pecuario. Todavía retumban como un silbido satánico aquel estribillo que Chávez “se gozaba” en plena plaza Bolívar de Caracas, desde donde ordenaba que se expropiaran edificios, tal como también hacía con los hatos La Marqueseña, Caroní, El Charcote, El Cedral, El Corozo, Piñero, El Frío de Apure; hatos donde se criaban toretes que servían para satisfacer la demanda cárnica del país. Todos esos emporios fueron demolidos. Igual mala suerte corrieron los mataderos de Clarines, Maturín y Pedraza, desmantelados por la furia de esos funcionarios irresponsables que no eran más que “asaltantes de caminos”. Y qué decir del Centro de Engorde El Guache, que funcionaba a plenitud en el estado Portuguesa y de donde emergían más de 7 mil toretes anualmente. Eso también lo quebraron.

Nuestro pie de cría de ganado bovino oscila hoy entre los 9 y 11 millones, esparcidos en 95.000 establecimientos de doble propósito y 5.000 tambos o lecherías especializadas, cuando deberíamos estar más allá de los 25 millones. Las cifras de la FAO, así como de otras instituciones que evalúan estos desempeños, revelan la caída estrepitosa del consumo de carne en Venezuela.

Expropiación y simulacro de soberanía

Esa realidad es terca y no podrán desmentirla con subterfugios, propios de esos falsos nacionalistas que convirtieron las fértiles tierras del Valle de Quíbor y de los Valles de Aragua en terrenos donde ya no hay caña de azúcar, sino rastrojos. Y dígame usted: ¿a dónde fueron a parar los centrales azucareros, o las fábricas de Aceite Diana o Café Fama de América? ¡Nada para freír ni nada para colar!

En definitiva, no solo expropiaron bancos, centros comerciales, hoteles, empresas de telecomunicaciones y de energía, sino que arrasaron con más de 5 millones de hectáreas de tierras.

La cuchilla de la dictadura ha decapitado miles de empresas que florecían en la actividad comercial e industrial, en todos los niveles de la cadena de producción. Miles de fábricas en plena producción fueron asaltadas con la volandera argumentación de que se “hacía justicia al pueblo”. Así eran las vagas exclamaciones de Hugo Chávez mientras protagonizaba aquellos espectáculos propios de caudillos salvajes que se sienten dueños del destino de la gente, a la que más bien debería asegurarles un porvenir estable desde las magistraturas que ocupan.

Evidencia material del saqueo

Los datos son fieles testigos de que todo cuanto aquí relatamos tiene soporte en la realidad, que es imposible ocultar entre los melodramas de los efectivos militares y civiles acoplados en esta cabalgata expropiadora. En mi estado natal, el Guárico, la violencia arbitraria hizo desmanes con los productores establecidos en la Cuenca del Tiznado. Las consecuencias de esos atropellos están a la vista de todos, registradas en videos, fotografías y testimonios de las víctimas.

Radiografía del colapso agroalimentario.

El descalabro no se ha hecho esperar. Según los expertos, la producción de azúcar es hoy equivalente a la que se obtenía en los años 60, la de maíz y arroz a la de la década del 70, y la producción de caraotas igual a la de los años 40. ¡Qué desgracia!

De estos temas siempre converso e intercambio informaciones veraces con los productores agropecuarios de Guárico y de otros estados del país. Todos estamos impresionados con el informe desprendido del Reporte Global sobre Crisis Alimentarias, que detalló la profesora Íngrid de Candela, investigadora de PROVEA. Ese informe data del año 2020. Han pasado casi cinco años desde que se publicó ese diagnóstico y, desgraciadamente, la tragedia aún persiste. Por la importancia de dicho informe, estimo pertinente incorporarlo a este trabajo:

“Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán y Venezuela son los cuatro países con la mayor cantidad de personas padeciendo hambre. Así lo reveló el Reporte Global sobre Crisis Alimentarias – 2020, publicado en abril de 2020 por la Red Global contra las Crisis Alimentarias y la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés). Este informe es producto del consenso de 16 organizaciones asociadas que hacen seguimiento a la Inseguridad Alimentaria Aguda (IAA) alrededor del mundo. Los datos presentados en esta edición corresponden al 2019.

Este informe reporta la cantidad de personas con IAA y sus umbrales de severidad según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés). Las fases de severidad de la IAA se elaboran con base en indicadores relacionados con el consumo de alimentos, la desnutrición y la mortalidad. Las peores fases de severidad son “crisis, emergencias y catástrofes”. Venezuela está clasificada como un país en “emergencia”, caracterizado por grandes brechas en el consumo de alimentos y, como consecuencia, desnutrición y muerte. En este escenario se requieren acciones para salvar vidas y medios de vida. De lo contrario, pasará a la fase de “catástrofe”.

En comparación con años anteriores, el mayor incremento de personas con inseguridad alimentaria en las peores fases de severidad se registró en 2019, con 135 millones en 55 países. América Latina tuvo 18,5 millones, de los cuales el 50 % estaban en Venezuela. De los 10 países con peores crisis alimentarias, Venezuela ocupa el cuarto lugar después de Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. Según este reporte, 26,3 millones de venezolanos presentaron algún grado de inseguridad alimentaria en 2019. De estos, 9,3 millones la presentaron en sus formas moderada y severa, y 17 millones en su forma marginal. El reporte también incluye datos sobre venezolanos migrantes que residen en Ecuador y Colombia. En este caso, la cifra alcanzó a 1,2 millones con inseguridad alimentaria moderada y severa, y 765.000 con inseguridad alimentaria marginal.

Niñez y hambre: una generación en riesgo

La inseguridad alimentaria también alcanzó a los niños y niñas. Según UNICEF, en el mundo uno de cada tres niños no recibe alimentación adecuada y uno de cada dos tiene deficiencias de micronutrientes. En los 55 países con las peores crisis alimentarias, había 17 millones de niños con desnutrición aguda —moderada o severa— y 75 millones con retraso en el crecimiento. Datos recopilados por UNICEF en 16 estados de Venezuela en 2019 ubican la desnutrición aguda en 6 %, un rango considerado como de mediana severidad. Otros registros apuntan a describir la desnutrición crónica, es decir, niños menores de cinco años con retraso del crecimiento. Seres humanos que ponen a la vista sus deficiencias en la talla, en sus cuerpos esqueléticos, etc.

Crisis múltiple: conflicto, economía y clima

Dentro de las causas de las crisis alimentarias monitoreadas se señala que la más predominante es la asociada a conflictos e inseguridad. En 2019, las condiciones climáticas extremas y las crisis económicas tuvieron un incremento significativo en relación con años anteriores. De los 135 millones de personas afectadas por inseguridad alimentaria, 24 millones se ubicaron en ocho países donde la principal causa fue la crisis económica. De estos, 14,1 millones están en cuatro países de América Latina y el Caribe, incluyendo a Venezuela.

El pronóstico de la seguridad alimentaria para los países más afectados por crisis económicas no es alentador. Se estima que en América Latina y el Caribe las amenazas más latentes están relacionadas con crisis sociopolíticas, desempleo, alto precio de los alimentos y condiciones climáticas extremas.

COVID-19 y el agravamiento del colapso

La emergencia generada por la COVID-19 es considerada como un elemento de alto impacto en el mundo, tanto a nivel sanitario como socioeconómico. En materia de seguridad alimentaria ha afectado la cadena de suministros de alimentos, incluyendo la producción, procesamiento y distribución al mercado. Los más afectados son los hogares que dependen de la producción de alimentos y los habitantes de zonas urbanas que tienen dificultades para el acceso al mercado de alimentos, especialmente aquellos hogares con bajo poder adquisitivo.

Ya se estimaba que en 2020 la COVID-19, junto a las crisis económicas, sería un factor desencadenante de la inseguridad alimentaria aguda y la desnutrición, y que los 55 países que albergan los 135 millones de personas con inseguridad alimentaria serían los más afectados por su baja capacidad de respuesta en materia de salud y economía. El escenario en Venezuela es más precario en relación con otros países, considerando que la emergencia de la COVID-19 se superpuso a la emergencia compleja que generó el colapso general de todos los sectores y que ha conducido al país a la dependencia de asistencia humanitaria externa. Ante la COVID-19, la posibilidad de acceso a estos recursos se vio limitada por el incremento de la demanda mundial y las dificultades para la gestión financiera y operativa.

Venezuela en 2025: hambre persistente

Para julio de 2025, la situación de hambruna, crisis alimentaria y desnutrición en Venezuela presenta un panorama desafiante, aunque con algunos cambios respecto a los datos de 2019 citados en el informe anterior. Si bien la información detallada para esta fecha exacta es compleja de obtener debido a la dinámica constante y la variabilidad de las fuentes, se pueden proyectar algunas tendencias y desafíos persistentes:

Índice de Inseguridad Alimentaria Aguda (IAA)

Aunque el Informe Global sobre Crisis Alimentarias de 2020 (con datos de 2019) clasificó a Venezuela en “emergencia”, con el 50 % de las personas con inseguridad alimentaria de América Latina, para 2025 se observa una fluctuación. Las organizaciones humanitarias y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) han reportado alteraciones en ciertos indicadores de acceso a alimentos en áreas urbanas, debido a que la dolarización transaccional ha permitido una mayor oferta de productos.

Lo anterior no oculta el hecho cierto de que la cacareada “flexibilización económica” ha resultado en un rotundo fracaso. Cabe destacar que en las zonas rurales, así como en los sectores más vulnerables sin acceso a remesas o ingresos en divisas, siguen experimentándose brechas significativas en el consumo de alimentos.

Se estima que el número de personas en fases severas de IAA (Fases 3, 4 y 5 de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria - IPC) se mantiene alto, aunque podría no alcanzar los 9,3 millones de 2019 si las condiciones económicas persisten en la senda de cierta apertura. No obstante, cualquier retroceso en la estabilidad económica o aumento de precios podría revertir rápidamente estas variaciones marginales.

Consumo de alimentos: limitado y deficiente

El consumo per cápita de proteínas y calorías continúa por debajo de los estándares recomendados por la FAO. Aunque hay más productos importados disponibles en mercados específicos, la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población sigue siendo muy limitada debido a los bajos salarios y la alta inflación en bolívares. La diversificación de la dieta es un problema persistente: muchas familias dependen de fuentes de carbohidratos de bajo costo y carecen de acceso regular a proteínas, frutas y verduras, lo que contribuye a las deficiencias nutricionales.

Desnutrición aguda y crónica: persistencia y riesgo generacional

Desnutrición aguda (moderada y severa): Los datos de UNICEF para 2019 indicaban un 6 % de desnutrición aguda en niños en 16 estados, lo que se consideraba de mediana severidad. Para 2025, esta cifra ha fluctuado. Si bien algunos programas de asistencia humanitaria y la mejora en el acceso a alimentos en ciertas zonas pueden haber contenido un aumento drástico, la prevalencia sigue siendo un desafío, especialmente en las poblaciones más vulnerables y en aquellas con acceso limitado a servicios de salud y agua potable.

Desnutrición crónica (retraso en el crecimiento): La desnutrición crónica es un problema de salud pública de larga data. Se sabe que el retraso en el crecimiento en niños menores de cinco años es un indicador de inseguridad alimentaria prolongada y afectaciones al desarrollo a largo plazo. Las organizaciones que monitorean la situación continúan reportando cifras preocupantes en esta área, lo que indica un impacto generacional de la crisis.

Grupos más afectados

Los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas siguen siendo los grupos más afectados por la desnutrición. La migración y el desplazamiento interno también exponen a estas poblaciones a mayores riesgos de inseguridad alimentaria.

Causas persistentes de la crisis alimentaria

Crisis económica profunda: La hiperinflación, aunque con tasas más bajas que en años anteriores, sigue erosionando el poder adquisitivo. La dependencia de la economía del petróleo, con una industria de hidrocarburos deteriorada, continúa limitando los ingresos del Estado, y la inversión productiva se ve menoscabada por la ausencia de estabilidad política, seguridad jurídica y los alarmantes hechos de corrupción.

El colapso del sistema agrícola y pecuario, como se describe en el documento, no se ha revertido sustancialmente, y la producción nacional sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda. Más adelante encontrarán una referencia sobre lo sostenido en sus conferencias, sobre esta materia, por el Dr. Ricardo Hausmann.

Colapso de servicios públicos: La falta de acceso confiable a electricidad, agua potable y combustible sigue afectando la producción, procesamiento y distribución de alimentos. El deterioro de las infraestructuras viales y la “matraca” en las alcabalas, tal como se menciona supra, persisten como obstáculos para el transporte de cosechas y productos.

Inseguridad jurídica y falta de estímulo a la producción: La situación descrita en el documento sobre expropiaciones y la ausencia de títulos de propiedad sigue siendo un impedimento para la inversión y el aumento de la productividad agrícola. Sin seguridad jurídica, los productores enfrentan un alto riesgo, lo que desincentiva la recuperación del aparato productivo.

Pronóstico: sin reformas estructurales, no hay salida

El pronóstico para la seguridad alimentaria en Venezuela para los próximos meses de 2025 sigue siendo frágil. Aunque ha habido la simulación de iniciativas para “flexibilizar la economía y permitir una mayor importación de alimentos”, todos esos anuncios se enmarcan en medidas demagógicas e incoherentes que no inciden en una posible recuperación sostenible, y menos aún en hacer viable el acceso equitativo a una nutrición adecuada para toda la población.

La verdad es que sin reformas estructurales profundas que aborden las causas subyacentes de la crisis, no lograremos la reactivación de la producción nacional, la seguridad jurídica, la mejora de los servicios públicos y el restablecimiento de la confianza.

El parque industrial: un cementerio productivo

El expresidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, denunció que “de las 12.700 industrias privadas con que contaba Venezuela, sobreviven menos de cuatro mil, o sea que solo queda una tercera parte del parque industrial venezolano”. Esa es la cruda y triste verdad; ese es el cementerio que heredamos de ese esperpento mal llamado revolución del Socialismo del Siglo XXI.

Esas arbitrariedades han acarreado la pérdida de miles de empleos estables, por lo que miles de trabajadores están amontonados en los mercados improvisados que forman parte de la economía informal, la cual también se ve estrangulada por la recesión económica que azota a todo el país.

A estas alturas de los atropellos perpetrados contra la propiedad privada, los activos expropiados no han sido honrados. Mención especial merece la empresa Agroisleña, que apoyaba a todos los emprendedores relacionados con el sector agropecuario. Esa empresa fue malamente expropiada, dejando sin ese respaldo efectivo a los líderes de miles de unidades de producción que recibían todo tipo de asistencia por parte de esa exitosa corporación.

Inseguridad jurídica, inflación y saqueo de divisas

En ese ambiente de inseguridad jurídica, más la hiperinflación, sin posibilidad de acceder a materias primas indispensables para que funcionen las industrias, más los latigazos de los controles desmedidos aunados a los procedimientos discriminatorios para facilitar uno que otro insumo, así como el manejo inescrupuloso de los grifos de Cadivi (Comisión de Administración de Divisas), que surtían de dólares preferenciales a los que acudían a las instancias públicas que manejaban cuantiosos recursos que, en su mayoría, terminaron en las cuentas bancarias de testaferros operadores de los jefes del chavomadurismo…

La verdad es que, dejando atrás los impactos de la pandemia y los efectos de la hiperinflación, cinco años después de ese devastador COVID-19, todavía pagamos en Venezuela las consecuencias de las malas políticas económicas y financieras.

Venezuela en estanflación: diagnóstico de Haussman

Al día de hoy, julio de 2025, según criterio del calificado analista financiero Ricardo Hausmann, “Venezuela acusa la inflación más alta del mundo —200 %— en medio de un proceso de estanflación”. La realidad no desmiente esa opinión de Hausmann: el desplome económico, la desarticulación del aparato productivo, la desactivación de miles de emprendimientos, la falta de financiamiento oportuno, la alarmante desinversión y la inseguridad jurídica acarrean decrecimiento económico, inflación y desempleo.

Las recetas de monetizar el déficit fiscal, las alocadas “reconversiones monetarias”, los perniciosos controles de un régimen intervencionista, el descalabro de la industria de hidrocarburos en un país dependiente de una economía extractivista, el aislamiento internacional y la irresponsable deuda externa contraída, son la fuente negativa de toda esta catástrofe humanitaria desmenuzada en este ensayo.

Centros industriales: de la leche al polvo

Veamos algunos ejemplos:

El colapso de lo que eran centros portentosos para procesar leche por millares de litros, como los de Cabudare y Nueva Bolivia, en los estados Lara y Mérida respectivamente, de donde salían más de 500 mil litros diarios; o el centro La Batalla de Barinas; el centro lácteo zuliano de Machiques que producía leche en polvo; o el Complejo Florentino, que agrupaba a productores de Valle de la Pascua, Camaguán (Guárico), Elorza (Apure), Socopó (Barinas), Mirimire (Falcón) y Guanarito (Portuguesa); también hoy no dan leche, sino indignación por presenciar una prueba de cómo se puede desbaratar una riqueza construida con esfuerzo creador.

Pero hasta ahí no llega la cuchilla criminal: también degollaron empresas como Leguminosas del Orinoco, las de Porcinos El Alba —dejando morir a más de dos mil madres cerdas— o los complejos avícolas donde ya no hay pollos que digan ¡pío, pío! ¿Y qué decir del Complejo Abreu de Lima, con sus más de 40 mil hectáreas de siembra de soya?

CAVILAC: una industria al 30 % de su capacidad

Esta penosa situación la ha corroborado el presidente de la Cámara Venezolana de Industria Láctea (CAVILAC), Roger Figueroa, al indicar que “la industria está operando entre 30 % y 40 % de su capacidad instalada, y eso ya es muy, pero muy bajo”. El vocero de los productores lácteos, Roger Figueroa, indica que se trata de “una cifra muy por debajo de lo que requiere el sector para impulsar la producción, rentabilidad y exportación”.

Esa lamentable realidad ha hecho que un importante número de empresas lácteas nacionales hayan desaparecido del mercado venezolano. Empresas que ya no existen, marcas que ya no existen, productos que ya no existen, porque no es rentable tenerlos en el mercado. Y en esas circunstancias, tú ves el mercado, ves el horizonte, y ves que todavía estamos lejos de remontar esa producción”, asegura Roger Figueroa, en una entrevista realizada por Nureliyn Contreras para Bitácora Económica.

En relación con la producción de lácteos en Venezuela, Roger Figueroa precisó que “del volumen total de leche que se produce diariamente, que son alrededor de 4.500.000 y 5.000.000 de litros, la industria es capaz de aprovechar, más o menos, entre 10 % y 15 %”. Explicó que esto se debe a un tema de calidad: “La leche, para que la industria la pueda aprovechar, necesita un sistema de frío, que ahora mismo está muy golpeado por los problemas eléctricos. Entonces, solamente tenemos la capacidad de tomar esa cantidad”.

Investigación, razas autóctonas y abandono criminal

Son tantas las víctimas de esa “pandemia populista” que nos cayó encima, que faltarían muchas cuartillas para enumerarlas. ¡Insólito el desmantelamiento de los centros de investigación en los que se adelantaron los cruces genéticos entre animales! ¡Imperdonable el abandono de tantos sistemas de riego! ¡Doloroso ver perdidos los avances ganaderos con razas autóctonas como la Gertrudis, Limonero o raza Carora!

La vialidad, las alcabalas y la matraca

La vialidad del país es un verdadero desastre, y las carreteras son también piezas importantes para los productores agropecuarios del país. Las recientes lluvias e inundaciones de este año 2025 han puesto de manifiesto la crítica fragilidad de la infraestructura vial venezolana, convirtiéndose en un obstáculo adicional y significativo para la ya golpeada producción y distribución de alimentos, y profundizando la crisis humanitaria y la inseguridad alimentaria en el país. La imposibilidad de trasladar los productos a tiempo genera un aumento de las pérdidas de cosechas, lo que agrava la escasez de alimentos y afecta directamente la economía de los productores.

Hay productores que siembran a duras penas y, luego de superar los escollos de la escasez de insumos o de la inseguridad —porque también los agobian los grupos delincuenciales que los conminan a pagar “vacunas”—, se las ven en dificultades para sacar sus cosechas y trasladarlas a los centros de comercialización.

Vías secundarias destartaladas, cunetas y alcantarillas rotas, pasos engranzonados que son ahora barriales, en donde se atascan las unidades de transporte que mantienen haciendo verdaderos milagros para conseguir cauchos, baterías, amortiguadores, correas… en definitiva, cualquier repuesto que ya difícilmente se consigue en el mercado.

Un dato: las unidades de transporte deben traspasar miles de “policías acostados”; así se denominan en Venezuela los reductores de velocidad, estos dispositivos elevados sobre la superficie de las carreteras que obligan a los conductores a reducir la velocidad de sus vehículos. Lo que se critica en estos casos es que esos “reductores de velocidad” están colocados innecesariamente por miles en las vías, lo cual, más que ayudar, perjudica a los que transportan sus bienes; además, frenar y cambiar de velocidad tan seguido termina ocasionando averías en esas ya gastadas unidades de transporte.

La extorsión institucionalizada

A eso se agrega “la matraca” que les aplican en las decenas de alcabalas que se instalan de pueblo en pueblo, esperando a los agricultores, a los que los funcionarios uniformados —de policías locales o de Guardias Nacionales inescrupulosos— les quitan parte de sus cosechas; o a los ganaderos o criadores de cerdos, gallinas o cualquier bien que trasladen, como queso, huevos, plátanos, verduras, hortalizas o frutas, son esquilmados.

El pretexto es variado: desde el simple chequeo de los documentos, a veces exigen que “el productor presente la partida de nacimiento de sus abuelos” o los documentos que datan desde los tiempos de La Colonia, hasta la famosa guía SADA para el sector de alimentos.

Esas “alcabalas” deben ser desmanteladas y debe replantearse su funcionamiento en los primeros 100 días del gobierno de transición que encabezarán María Corina Machado y Edmundo González.

Abigeato, violencia rural y tierra sin ley

Otro problema: voceros de Fedeagro han informado, en fecha reciente, que “el abigeato sigue cometiéndose en el territorio nacional” y advierten que en zonas como el sur de Aragua, Guárico, Anzoátegui y Trujillo, al igual que se evidencian problemas en zonas fronterizas como Táchira y Apure, hay actuaciones de grupos irregulares que se apoderan de tierras y obligan a los ganaderos a abandonar sus propiedades.

Hacia dónde vamos

Hay que pasar la página escrita con los perniciosos controles de precios y de cambio, que solo han servido para atrofiar la economía del país, generando una seguidilla de distorsiones y dando pie a corruptelas. Hay que dejar como parte del pasado esa Ley de Tierras redactada con envilecimiento y promulgada con sentimientos revanchistas. Esa ley fue la espoleta que desató las persecuciones y creó una atmósfera de inseguridad jurídica, de ausencia de confianza, y sirvió de abono para los abusos y despropósitos más inusitados.

Reorganizar el Estado y devolver la propiedad

Hay que cerrar el ciclo del desorden administrativo, ponerle punto final a la dispersión de esfuerzos en el sector público. Comenzando por integrar todos esos entes que andan por su cuenta, sin atender a una política y estrategia del Estado en conjunción con los factores productivos del país. Debe existir un eje en el cual se acuerden los ministerios de Agricultura y Tierras, Alimentación, Pesca y Agricultura Urbana, en un solo despacho ejecutivo.

Lo prioritario será entregarle al productor su título de propiedad, previo censo de pisatarios. Decidir que el Estado se desprenda de la tierra que tiene bajo su tutela para que la trabajen los campesinos y productores de todos los niveles y áreas del país. La falta de títulos de propiedad y la nefasta historia de expropiaciones disuaden la inversión y la productividad.

Infraestructura, insumos y servicios para producir

Hay que poner en buenas condiciones toda la vialidad, tanto la primaria como la secundaria. Hay que superar la falta de mantenimiento de sistemas de riego, silos averiados y problemas con el suministro de electricidad.

La infraestructura de almacenamiento agrícola en Venezuela, particularmente los silos para cereales como el maíz, enfrenta desafíos significativos. La infraestructura de almacenamiento en general sigue siendo insuficiente y obsoleta en muchas zonas, lo que limita la capacidad de los productores para almacenar cosechas de manera eficiente y evitar pérdidas postcosecha. La falta de inversión en modernización de silos y la precaria vialidad rural agravan este problema, dificultando el transporte de granos a los centros de almacenamiento.

Seguridad, créditos y servicios sociales rurales

Garantizar a los productores sus insumos, desde las semillas certificadas hasta el fertilizante, los pesticidas, las vacunas; asegurar la provisión de alimentos para animales. Hay que poner al servicio de los productores del país, como estrategia de producción, los silos, los sistemas de riego, financiamientos con créditos oportunos, electricidad y un efectivo plan de seguridad que detenga y venza al hampa común que tiene azotados a los productores y a sus familias. Y, hablando de familia, es indispensable pensar en los hijos de los productores, que requieren de buenas escuelas, centros de salud y parques para el deporte y la recreación.

Tecnología, planificación y conocimiento del suelo

Ofrecer análisis satelitales para la planificación y el manejo de cultivos, y herramientas de trabajo para mejorar sus corrales, potreros, lagunas, galpones, bombas de agua y maquinaria elemental para hacer sus faenas. Los estudios de suelos son fundamentales, porque no es cierto que “todas las tierras son fértiles”. Es imprescindible saber qué podemos sembrar, dónde lo podemos sembrar, en qué cantidades y para responder a qué estrategia de siembra, cosecha, producción y distribución.

Financiamiento justo y sin trabas

Establecer financiamientos con créditos diseñados para las necesidades del sector agropecuario, con tasas de interés justas y plazos adecuados. Eliminar la burocracia entorpecedora, ajustar el encaje legal para facilitar una política crediticia de las entidades bancarias y encarar los procedimientos discriminatorios para facilitar el acceso a recursos financieros.

Las unidades de producción: una red dormida

En Venezuela contamos por lo menos con 190 mil unidades de producción. Son pequeñas, medianas y grandes empresas a las que habrá que auxiliar, insisto, con seguridad jurídica, con insumos como los ya comentados anteriormente; garantizarles vialidad, electricidad, sistemas de riego —incluidos los por sistema de goteo—, silos, centros de mercadeo, vacunas y alimentos para animales, análisis satelitales, fertilizantes y apoyo financiero.

La gran mayoría de esas unidades de producción están averiadas, pero son susceptibles de rehabilitación mediante planes bien concebidos, estudios y proyectos que han hecho públicos los líderes del gremio que los agrupa, por ejemplo, en FEDEAGRO (Federación de Agropecuarios) o de FEDENAGA (Federación de Ganaderos de Venezuela).

Se trata de un conjunto de medidas combinadas que resultan ser cruciales para recuperar la capacidad productiva del país y superar la crisis alimentaria.

Colapso del parque automotor y maquinaria

Más de 80.000 unidades de transporte y equipos como bombas de agua o plantas eléctricas están en malas condiciones, y hay escasez de repuestos. Garantizar el acceso a los repuestos y partes es una necesidad imperiosa.

La situación de la maquinaria agrícola en Venezuela es crítica debido a la obsolescencia y la escasez de repuestos. Según Erich Hartkopf, presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas (CAVEDREPA), “en 2025 el parque de maquinaria agrícola tiene un promedio de 18 años de antigüedad, ya que no se realizan importaciones masivas de equipos desde 2007. Aproximadamente el 80 % de la maquinaria adquirida entre 2000 y 2010 está parada por falta de repuestos, muchos de los cuales son importados y deben pagarse en dólares, lo que encarece los costos. Un tractor nuevo puede costar entre 30.000 y 150.000 USD, y los repuestos, cuando se consiguen, suelen ser usados o provenir de la ‘canibalización’ de otros equipos, con precios para tractores usados rondando los 18.000-22.000 USD”.

En definitiva, “la falta de repuestos para maquinaria agrícola, con un parque obsoleto y un 80 % de equipos inoperativos, es un obstáculo mayor, exacerbado por la falta de financiamiento y divisas”.

La interrupción de la cadena de suministro de alimentos, desde la producción hasta la distribución, profundiza la crisis alimentaria que ya padece el país. Menos alimentos llegan a los mercados, lo que podría incidir en un aumento de los precios y una mayor dificultad de acceso para la población.

Combustible: el diésel que no llega

Garantizar el suministro de combustible, como gasolina o diésel —insumo indispensable para realizar el arado, la siembra, fumigaciones, cosecha y su traslado—, es prioritario. Los expertos indican que se requiere un rango de consumo de combustible de 80 a 100 litros por hectárea trabajada.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO), Osman Quero, destacó recientemente la importancia de garantizar el acceso al combustible para impulsar el sector agrícola, señalando que “las limitaciones en el suministro de diésel y gasolina continúan afectando la producción”.

Según Osman Quero, “el costo del combustible por hectárea varía significativamente debido a la escasez y la dependencia del mercado negro, donde los precios pueden alcanzar hasta 3 USD por litro en regiones fronterizas, elevando los costos operativos a 240-300 USD por hectárea en algunos casos, frente a los 40-75 USD por hectárea con combustible subsidiado (0,50-0,75 USD/litro)”.

Osman Quero enfatizó que “sin un suministro estable de combustible y mayor financiamiento, el sector no podrá alcanzar su meta de abastecer el 100 % de la mesa venezolana con producción nacional, a pesar de los avances en cultivos como maíz y arroz”.

Financiamiento y barreras estructurales

Para el vocero de los productores agropecuarios, Osman Quero, “para que los productores puedan producir más alimentos, es fundamental implementar un conjunto de medidas en el financiamiento y en el entorno productivo”.

La falta de financiamiento agrava esta situación, ya que los productores no tienen acceso a créditos suficientes para renovar equipos o adquirir repuestos. Voceros de los productores agropecuarios indican que “apenas se aprueba el 30 % de los financiamientos solicitados, y la banca, argumentando las barreras del encaje legal, no otorga las divisas necesarias para importar repuestos o maquinaria”.

Además, la ausencia de acuerdos comerciales con países que podrían facilitar importaciones, y la necesidad de garantías financieras para proveedores extranjeros, limitan aún más la modernización del parque agrícola.

Apoyo a la pesca y acuicultura

Mención especial merecen los pescadores y empresarios dedicados a la pesca y a la acuicultura. Los aportes proteicos de las especies que aporta ese sector son claves para articular los programas de recuperación de la salud alimentaria de los venezolanos. Nada más pensar en el atún y las sardinas que pueden colocarse en las mesas de los hogares del país permite ser optimista en lo afortunado que sería la implementación de planes de emergencia para superar la catástrofe humanitaria que existe en Venezuela.

Producción pesquera: caída sostenida

Sobre los planes relacionados con este sector cito unos párrafos de un estudio elaborado por el especialista en la materia Carlos Jiménez Bracamonte, para quien “la actividad pesquera primaria (captura y cultivo) son un soporte muy importante de industrias de clasificación y empaque de crustáceos, pasteurización y enlatados de cangrejos, salazón de algunas especies tanto de agua dulce como especies marinas, y la industria de conserva-harina de pescado derivado del proceso de industrialización de sardina, atún y pepitona”.

Es opinión del Dr. Jiménez Bracamonte que “hay un complejo de actividades alrededor de la pesca, como la industria naval pesquera (astilleros, varaderos, diques secos, carpinterías de ribera), empresas frigoríficas, empresas avitualladoras de bienes necesarios para las faenas de pesca y empresas comercializadoras y de transporte”.

La caída de la producción es evidente según las cifras aportadas en el estudio del Dr. Jiménez Bracamonte, indicando que “en el año 1998, la producción pesquera y de acuicultura nacional fue de 523.763 TM (Fuente: FAO). A partir del año 2005, la producción inició una baja muy significativa. En ese mismo año, la producción total en pesca y acuicultura fue de 441.586 TM (FAO). Las estadísticas para el año 2015 (no hay más recientes) es de 278.602 TM (FAO)”.

Medidas de emergencia para el sector pesquero

El citado estudio recomienda aplicar acciones con carácter de emergencia, como sería “incluir los productos pesqueros, particularmente sardina y atún enlatados, en un plan humanitario de asistencia alimentaria al país por lo menos durante seis meses, y a la par rescatar el aparato productivo industrial con energía eléctrica, envases de lata, frigoríficos y varaderos para rescatar las operaciones de la flota pesquera industrial venezolana”.

La idea es apuntar a producir alimentos para la Venezuela que vamos a rehacer a partir del gobierno de transición que liderarán Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, teniendo en cuenta que, para satisfacer los requerimientos de la población venezolana, se hará indispensable, por lo menos diariamente, el suministro de un promedio de un kilogramo por persona, o sea una tonelada de alimentos para cada mil personas.

Sin seguridad jurídica, no hay frontera agrícola posible

Insisto, con el riesgo de parecer repetitivo, que sin seguridad jurídica, sin remediar el problema en torno a la tenencia de la tierra y sin que medie una estrategia firme y sostenida conforme a la cual se estimule y apoye a los productores con insumos, financiamientos, mantenimiento de carreteras y una equilibrada política de precios, será muy difícil recuperar y ampliar nuestra frontera agrícola y relanzar las miles de unidades de producción que forman parte de nuestro patrimonio nacional como capacidad instalada.

Reflexión final: sembrar dignidad

Finalizo este ensayo con la siguiente reflexión: la libertad plena de Venezuela y de los venezolanos implica recuperar nuestra soberanía alimentaria. Lo planteo sin frenesí ni delirios autárquicos, pero sí con el optimismo razonable de que podemos sembrar y cosechar lo suficiente para garantizar la vida de millones de familias de un país que está aprendiendo mucho de esta crisis, entre ellas, las lecciones que nos están enseñando que la riqueza se produce con trabajo, talento y esfuerzos.