Amnistías en Dictadura

Delcy Rodríguez, en su papel de “dictadora interina”, no necesita inventar argucias jurídicas para liberar a quienes siguen presos por ejercer sus convicciones democráticas. Le basta con girar las llaves de las cárceles que aún controla —como ya ha empezado a hacer bajo presiones internas y externas— para devolver a la sociedad venezolana a ciudadanos que han sido víctimas directas de violaciones a sus derechos más elementales. Esas excarcelaciones están cantadas: son órdenes de Washington que los hermanos Rodríguez obedecerán al pie de la letra, aunque intenten maquillar su sumisión con gestos simbólicos como el “pedir perdón” con crucifijo en mano. Nadie está obligado a postrarse ante la clemencia de quienes cargan con crímenes de lesa humanidad; y ningún delito de esa naturaleza puede ser lavado con una amnistía distorsionada.

El concepto de amnistía en contextos autoritarios nunca es solo jurídico. Es una herramienta política que puede representar —cuando hay legitimidad democrática— la restauración de libertades y la superación de un aparato que ha convertido la persecución en método de control. En Venezuela, la historia reciente de las amnistías refleja con nitidez el choque entre la voluntad popular expresada por cuerpos legislativos electos y la respuesta autoritaria de un Ejecutivo decidido a mantener su hegemonía a través de instituciones capturadas.

Un ejemplo decisivo fue la iniciativa de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, legítimamente respaldada por el pueblo venezolano. El 30 de marzo de 2016 aprobó una ley de amnistía destinada a liberar presos políticos —incluyendo líderes de la oposición— que habían sido condenados por actos vinculados a la protesta y la disidencia. Pero pocos días después, el Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el Ejecutivo, declaró inconstitucional la ley (11 de abril de 2016), anulando cualquier posibilidad de aplicación efectiva. Este episodio es revelador: incluso cuando la voluntad popular se expresa de forma clara y soberana, la captura institucional del régimen impide que esa voluntad se convierta en derechos restablecidos.

La ofensiva contra la Asamblea de 2015 fue escalonada. Su mandato fue desconocido, se le declaró en “desacato” mediante un ardid jurídico y se le despojó de sus competencias esenciales. El rechazo frontal a la amnistía de 2016 se convirtió en símbolo de esa embestida contra la representación democrática.

Desde entonces, el régimen ha usado la figura de la amnistía no como un mecanismo para cerrar heridas, sino como un instrumento de negociación, cooptación y control. Las liberaciones parciales, discrecionales o condicionadas no han sido actos de reparación, sino concesiones mínimas en respuesta a presiones internacionales o como piezas dentro de acuerdos opacos. El mensaje nunca ha sido reconciliación, sino administración del miedo.

A finales de 2025 y comienzos de 2026, el Ejecutivo volvió a anunciar un proyecto de amnistía que abarcaría casos desde 1999 hasta el presente. Pero su aplicación ha sido fragmentaria y su legitimidad está seriamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil. Cientos de presos políticos —incluidos decenas de militares— permanecen encarcelados con cargos arbitrarios o fabricados, pese a los anuncios oficiales.

La discusión sobre amnistías en Venezuela no puede separarse del debate sobre legitimidad democrática. María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia han reiterado que no reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional manipulada por Jorge Rodríguez, porque no es producto de la voluntad ciudadana, sino de un proceso fraudulento con participación minoritaria, denunciado por observadores y voceros calificados dentro y fuera del país.

Esa posición tiene respaldo internacional. Voceros del gobierno de los Estados Unidos —incluido el Secretario de Estado Marco Rubio— han ratificado su reconocimiento exclusivo a la Asamblea Nacional de 2015 como la única instancia democrática válida para efectos de reconstrucción institucional. Rubio fue explícito ante el Congreso estadounidense: “Solo reconocemos la Asamblea del año 2015”. Esa postura ha sido reiterada en múltiples espacios legislativos y de política exterior.

La amnistía no puede reducirse a una concesión política ni a un gesto condicionado. Es, ante todo, una demanda de justicia orientada a restaurar derechos fundamentales y desmontar una estructura que ha hecho de la represión un sistema de gobierno. Exigimos la libertad plena de todos los presos políticos —civiles y militares— sin exclusiones ni condiciones.

Las llaves de esas cárceles no necesitan más argumentos. Necesitan voluntad. Y voluntad es precisamente lo que le falta a un régimen que pretende presentar como acto magnánimo lo que no es más que obediencia forzada a presiones internacionales. Pedir perdón sin reconocer la verdad es teatro. Pretender amnistiar crímenes que no son amistiables es un engaño. Y ninguna pirueta jurídica podrá ocultar que quienes han cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos deberán enfrentar la justicia.