Ni estable ni feliz

El 3 de enero de 2026 fue presentado como el amanecer de una nueva etapa para Venezuela. Se habló de estabilización, de recuperación y de transición. Se prometió que el país abandonaría la tormenta para reencontrarse con aguas serenas. Sin embargo, cinco meses después, la realidad se asemeja más a la de un barco que continúa haciendo agua por todos sus costados, mientras quienes usurpan el puente de mando insisten en pintar de azul un horizonte cubierto de nubarrones. No hay estabilidad donde persiste el miedo, ni hay felicidad donde sobrevive la injusticia. Los voceros del régimen aluden a la estabilización, pero los indicadores económicos reflejan una realidad distinta: devaluación de la moneda, disminución alarmante de las reservas internacionales, una pesada e injustificada deuda externa, salarios de hambre que no se mitigan con el perverso método de la bonificación y una inflación que sigue figurando como la más elevada del mundo. El aparato productivo permanece asfixiado por la incertidumbre y por la ausencia de condiciones que estimulen inversiones capaces de generar empleo y crecimiento.

La llamada dictadura interina se esfuerza en exhibir ante las autoridades de Estados Unidos una fachada de cumplimiento. Es un ejercicio de maquillaje político ejecutado sin el menor sonrojo. Pretenden convencer al mundo de que avanzan en la dirección correcta, pero basta asomarse a la vida cotidiana de los venezolanos para descubrir que el deterioro continúa su marcha y que las promesas anunciadas con fanfarria terminan convertidas en otra colección de espejismos.

El caso de los presos políticos es una evidencia irrefutable. Se anunció una ley de amnistía que terminó siendo exactamente lo que muchos advirtieron desde el primer momento: una burla revestida de formalidades jurídicas. La libertad prometida sigue siendo una puerta cerrada para centenares de venezolanos que permanecen tras las rejas por pensar distinto.

También se anunció el cierre del Helicoide, ese símbolo siniestro de persecución y tormento. Pero el Helicoide continúa siendo una herida abierta en el cuerpo de la nación. Las denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos insisten en que ese centro de torturas sigue funcionando, mientras los reclamos internacionales obligan al régimen a mover prisioneros de un lugar a otro, no para devolverles la libertad, sino para reubicarlos en otros centros de reclusión. El edificio puede cambiar de fachada, pero la lógica represiva permanece intacta.

Mientras tanto, los familiares de los presos políticos continúan protagonizando vigilias interminables. Son madres que cuentan las horas como quien cuenta heridas. Son padres que envejecen esperando noticias. Son hijos que aprenden demasiado pronto el significado de la incertidumbre. Esa angustia permanente también es una forma de tormento. Castigar al preso y condenar al sufrimiento a toda su familia forma parte de la misma maquinaria de crueldad. Pero la crisis venezolana no se limita a las cárceles. Los servicios públicos siguen hundidos en el abandono. Los apagones continúan castigando pueblos y ciudades. La electricidad se va y con ella desaparece también el agua potable. El transporte público se encuentra sumido en el caos. Millones de venezolanos sobreviven atrapados en una rutina donde lo extraordinario no es sufrir una falla, sino encontrar un día en el que todo funcione normalmente.

Lo que sí parece funcionar con precisión es el reloj político de quienes se aferran al poder. Cada día que transcurre sin soluciones reales representa una ganancia para los que apuestan a prolongar indefinidamente una situación de hecho. El tiempo corre a favor de los responsables de una larga estela de violaciones de derechos humanos, arbitrariedades y abusos. Las detenciones arbitrarias siguen formando parte del paisaje nacional. La persecución contra la prensa independiente tampoco ha cesado; los periodistas continúan expuestos a hostigamientos y arrestos. Organizaciones gremiales y de derechos humanos han documentado impedimentos de cobertura y agresiones contra comunicadores. Apenas esta semana fueron retenidos periodistas que daban cobertura a las vigilias de familiares de presos políticos en los alrededores del Helicoide.

La persecución política permanece activa. La llamada “matraca” institucionalizada sigue sirviendo para despojar a ciudadanos de sus bienes mediante expedientes fabricados y procesos amañados que terminan en confiscaciones de vehículos, viviendas y patrimonio familiar. Por eso resulta indispensable concentrar la atención nacional en el tema verdaderamente decisivo: la elección presidencial. No se trata de organizar cualquier elección. Se trata de construir las condiciones mínimas que permitan una consulta auténticamente competitiva. Para ello es indispensable un calendario electoral claro y verificable. Se requiere observación internacional sin restricciones. Es necesaria la designación de autoridades electorales ad hoc que inspiren confianza. Debe actualizarse el Registro Electoral Permanente para reincorporar a los venezolanos excluidos, tanto dentro del país como en la diáspora.

Asimismo, es imprescindible levantar las inhabilitaciones políticas, legalizar plenamente a los partidos políticos, garantizar mecanismos transparentes de escrutinio y asegurar sistemas de transmisión y verificación de resultados que impidan manipulaciones. Esa es la ruta planteada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Esa es la piedra angular de los acuerdos políticos discutidos para abrir una verdadera transición democrática.

¿Negociación con el régimen? Sí. Pero con objetivos concretos, plazos definidos y compromisos verificables. Nada de maniobras dilatorias. Nada de interminables conversaciones en medio de parodias de “diálogos” utilizadas para ganar tiempo. Nada de distracciones diseñadas para prolongar el inmovilismo. ¡Ah! Y una dirección política estratégica bajo el mando indiscutible de María Corina Machado.

La prioridad es una sola: fijar una fecha cierta para la elección presidencial y garantizar las condiciones que permitan que la voluntad popular pueda expresarse y respetarse. Porque la verdad es inocultable: Venezuela no es hoy un país normalizado, y mucho menos un país feliz. Nos dijeron que el país avanzaba hacia la estabilidad y nos prometieron tiempos mejores. Pero una nación con presos políticos, periodistas perseguidos, servicios públicos colapsados, una economía deteriorada y millones de ciudadanos excluidos de sus derechos políticos no puede calificarse ni como estable ni como feliz. Es una nación suspendida entre la incertidumbre y la esperanza, que aguarda a que la democracia deje de ser una promesa para convertirse, por fin, en una realidad.

Por más propaganda que produzcan, por más discursos que elaboren y por más fotografías que exhiban ante la comunidad internacional, la realidad termina imponiéndose. Y la realidad venezolana sigue reclamando lo mismo que ha exigido durante años: libertad, democracia y elecciones presidenciales verdaderamente libres.